Impedir el despojo de los territorios ejidales, mandato de la Sedatu

La jornada del campo 142/Julio 2019
Entrevista a Román Meyer Falcón
Las regiones rurales concentran la población con mayores rezagos en términos de desarrollo y bienestar. A pesar de que el 52% del territorio nacional es propiedad de comunidades y ejidos, es en estos lugares donde se acentúan la pobreza y marginación. “Tenemos una deuda histórica con la población que habita en los núcleos agrarios y nuestra vocación como Estado mexicano es proteger sus intereses y evitar procesos de despojo de sus territorios”, asegura Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu).
Indica que los núcleos agrarios rurales enfrentan dos retos muy importantes, por una parte, avanzar en un proceso de relevo generacional puesto que los titulares de los derechos agrarios tienen una edad avanzada, lo que les impide seguir trabajando sus tierras y detonar proyectos de generación de ingresos para el bienestar de sus familias; y, por otra parte, las amenazas de despojo de sus territorios, cada vez más recurrentes, por parte de agentes externos que pretenden instaurar proyectos extractivos como la minería o desarrollos inmobiliarios.
Puntualiza que en las pasadas dos décadas ha sido muy riesgoso “el acoso que gran parte de los ejidos y comunidades empiezan a recibir de actores externos, ya sea por presiones inmobiliarias, presión de grupos organizados, extractivos, llámese la minería u otros, que de alguna forma atentan contra los usos y costumbres de estas comunidades.”
Román Meyer explica que en la Sedatu “estamos completamente sensibilizados del hecho de que en las últimas tres o cuatro décadas, prácticamente desde inicios del salinismo, se ha visto al sector agrario como un obstáculo para el desarrollo, pero no compartimos ese pensamiento, no solamente aquí dentro de la secretaría, también el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, coincide en esta visión de que únicamente rescatando al campo y a los jóvenes del campo es que podemos mejorar las condiciones de desarrollo del país y disminuir las brechas de desigualdad y con ello gran parte los problemas de seguridad.”
Comenta que la dependencia a su cargo cuenta con los instrumentos tanto jurídicos como legales para llevar a cabo la tarea de evitar los procesos de despojo y desplazamiento de estos actores rurales. “Contamos con las atribuciones y el marco normativo actual funciona para hacer la defensa correspondiente de posibles procesos de despojo de los territorios de las comunidades. En muchos casos lo hacemos a través de una coordinación plena con la Procuraduría Agraria.”
Acerca de las molestias y señalamientos por parte de colectivos sociales y organizaciones de la sociedad civil en torno a los proyectos de infraestructura prioritarios para el gobierno federal, por los abusos que se comenten contra las comunidades y ejidos, particularmente en el proyecto del Tren Maya y el Proyecto del Istmo, en los que dependencias como Fonatur presionan a los dueños de los territorios para que accedan a vender sus terrenos para avanzar en el desarrollo de estos proyectos, Meyer refiere que “como estos proyectos recaen en terrenos de carácter social, tenemos la obligación de estar de forma presente continuamente en las mesas de trabajo y en las comunidades haciendo trabajo de sensibilización del proyecto, con la exposición de cuáles son las ventajas y cuáles son los puntos que se tienen que poner en consideración, con la finalidad de nunca trasgredir los derechos de los ejidatarios y comuneros.”
Detalla que “para los proyectos del Istmo y del Tren Maya no hay una mesa de trabajo en la que no haya una representación de la Sedatu, en la medida de lo posible, tratando de adelantarnos a posibles conflictos, y avanzando en temas de negociación con las comunidades para que no vean a estos proyectos como un proceso más de despojo.”
Sin embargo, uno de los principales reclamos de las comunidades mayas en la Península de Yucatán y de las comunidades y colectivos de la región del Istmo es que estos proyectos no se elaboraron con su participación ni consentimiento, es decir, les están siendo impuestos desde la administración federal.
Esto, además, incurre en incumplimientos de tratados internacionales de los cuales México es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que establece que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”
El Convenio señala que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”
Esto no ha ocurrido con el Proyecto del Istmo ni con el Tren Maya; tampoco con los megaproyectos extractivos de minería e hidrocarburos que se instalan en los territorios.
Al respecto, Meyer plantea que para proteger las decisiones de los ejidatarios y comuneros la dependencia cuenta con visitadores agrarios de la Procuraduría Agraria, que dan el seguimiento a los acuerdos de asamblea. “Lo que tenemos que hacer es reforzar que estos visitadores sean instancias de seguimiento en la vida cotidiana de estas asambleas y así lograr la certificación de las decisiones tomadas en los núcleos agrarios, ya sea que decidan irse a dominio pleno, pues tienen las atribuciones de hacerlo si así lo deciden.”
Puntualiza que “nuestra obligación es que esas asambleas y los acuerdos tomados se lleven conforme a la voluntad de la mayoría de la gente y, en la medida de lo posible, detectar si hay una modificación en la conformación de la asamblea que no responda realmente a la voluntad de la mayoría de gente que conforma estas asambleas.”
Meyer Falcón considera que los ejidos y comunidades seguirán vivos por mucho tiempo más, pues a pesar de los muchos intentos que se han hecho por desarticularlos, siguen vigentes. “Ahí están los números, aún contamos con más de 32 mil núcleos agrarios, es el legado de casi un siglo que nos dejó el general Lázaro Cárdenas”.
Expone que “esas estructuras ejidales y comunales van a seguir bastante arraigadas y es un tema a favor del desarrollo del país, nosotros estamos a favor de que la estructura ejidal y las comunidades se mantenían y es una indicación del presidente que así sea.”

https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/cam-despojo.html

Fuente: 
La jornada del Campo