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Falta gobernabilidad en selva Lacandona

EMILY CORONA

http://www.am.com.mx/notareforma/42769

27/05/2014

La retención durante dos días de la ambientalista Julia Carabias en la selva Lacandona, hace varias semanas, es por la incapacidad de las autoridades de enfrentar la ilegalidad que prevalece en esa área natural, advirtieron especialistas.

Los invasores de tierras en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, consideraron los especialistas, se han visto amenazados por la labor de la organización civil que encabeza la ex Secretaria de Medio Ambiente federal.

Mediante un cuestionario, cinco expertos del medio ambiente opinaron que los hijos de los comuneros que carecen de tierras están siendo usados por líderes que hacen negocio con la selva, invadiendo territorios para después buscar la expropiación y el dinero que acompaña al decreto.

“Quienes lucran con las invasiones al repartir tierra y recursos gracias a sus contactos dentro del Gobierno ven que su negocio peligra por la denuncia de Natura y Ecosistemas Mexicanos”, resumió Lorenzo Rosenzweig, director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

Para Rafael Obregón Viloria, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) para Chiapas, Tabasco y Oaxaca, la retención de Carabias se produjo en un contexto de radicalización de los invasores en Montes Azules al ver que su estrategia de ocupación se ha visto frenada.

De acuerdo con Obregón, las invasiones son parte de una estrategia que lucra con la pobreza, si bien las demandas de regularización agraria tienen su raíz en la decisión presidencial de 1972, que dio 614 mil hectáreas de selva a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a miles de choles y tzeltales que ya habitaban ese territorio.

"A los que ya tenían mucho tiempo de asentados ahí se les regularizaron sus terrenos y se les pagó (...), es un poco de justicia social a quienes ya estaban asentados, pero de alguna forma abrió el caminito para vender terrenos de la selva Lacandona", refirió Juan Bezaury, representante en México de Nature Conservancy.

Sergio Graf, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), explicó que Julia Carabias, desde hace 12 años, impulsa junto con un grupo de investigadores que las comunidades conserven la selva remanente fuera de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y que se disminuya la presión sobre éstas últimas.

También buscan generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades asentadas en lo que es el último reducto importante de selvas en México.

"Lo hacen buscando congeniar las dos dimensiones, de conservación y desarrollo; por ejemplo, ayudando a preparar los programas para el pago por servicios ambientales, apoyando proyectos de ecoturismo, de reforestación y reconversión productiva, de intensificación de la ganadería, de mejora de la productividad con técnicas agroecológicas, así como de capacitación, educación ambiental, entre muchas otras iniciativas", indicó el economista medioambiental Enrique Provencio.

"Nos queda menos del 10 por ciento de las selvas tropicales que existían en nuestro País, y más de la mitad del remanente está en el sistema de áreas protegidas de la Lacandona", recordó el especialista.

Los investigadores coincidieron en que la conservación y el desarrollo no están peleados más que en quien adopta una visión a corto plazo, al considerar que el desarrollo sustentable puede tener rendimientos sociales, ambientales y económicos.

"Una hectárea en la Chinantla puede dar mayores rendimientos si se sabe que alberga vainilla cuyo precio es altísimo en Europa, lo que se puede combinar con extracción de palma y cacao, diversificando la producción", ejemplificó Lorenzo Rosenzweig.

Enrique Provencio matizó que aunque no hay contradicción conceptual ni legal entre estas dos dimensiones, existen muchas dificultades institucionales y de política pública para integrarlas.

"Como sociedad invertimos muy poco, cantidades desproporcionadamente bajas, en las áreas naturales protegidas, en su conservación y vigilancia. Es como si se pensara que los pobladores de esas áreas deben conservar por su cuenta y riesgo, sin importar cómo les vaya en la vida", analizó.

Para Juan Bezaury es crucial que los jóvenes tengan alternativas de trabajo, y que se incorporen a la economía del País de una forma benéfica.

Aseguró que de no ser así, el fenómeno de invasión se repetirá de generación en generación "y no alcanza la selva para repartirla".

Genera conflicto defensa de selva

La presencia de ambientalistas en la selva Lacandona ha generado conflicto con habitantes de asentamientos irregulares del lugar.

En abril pasado, la investigadora Julia Carabias fue retenida, durante 48 horas, cuando descansaba en la estación de monitoreo Chajul de la selva chiapaneca.

Además, el 26 de mayo, dos miembros de la organización ambientalista y cultural Na-Bolom, Beatriz Mijangos Zenteno y Enrique Roldán Páez, fueron también retenidos en la selva y liberados 22 horas después.

La organización Na-Bolom ha defendido, desde 1963, la conservación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, y rechaza la permanencia de asentamientos que han causado deforestación y tala.

En la actualidad, el Gobierno de Chiapas busca recuperar 2 mil hectáreas de la reserva de Montes Azules ocupadas desde hace 40 años, pero los pobladores de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal rechazan ser reubicados.

El 22 de mayo comuneros tomaron la Alcaldía de Ocosingo y bloquearon carreteras en demanda de una mesa de diálogo y de la liberación del asesor de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, Gabriel Montoya, recluido por delitos cometidos en 2001 durante la toma del Ayuntamiento de Altamirano.

(http://www.am.com.mx/notareforma/42769)