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Reconoce Martínez Veloz el saqueo de empresas mineras en la Tarahumara

De 2009 a 2015 generaron $200 mil millones y sólo dejaron 500 en Chihuahua

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2016, p. 9

Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, reconoció ante representantes de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara que no hay vigilancia sobre las 32 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras en el país por los entonces presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Ni siquiera creo que tengan control de cuántas toneladas de oro salen del país. En Chihuahua hay 3 millones 120 mil hectáreas concesionadas; 90 por ciento de esa superficie, que equivale a 2 millones 800 mil hectáreas, fueron otorgadas en los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Sólo de 2009 a 2015, en ese estado la producción de las minas fue equivalente a 200 mil millones de pesos y únicamente dejaron 500 millones en la entidad”, sostuvo el funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Sostuvo que “en Chihuahua, sobre todo en la zona Tarahumara, se han producido en siete años más del total de reservas que tiene el país en oro. Este país no puede seguir así, no aguanta más”.

Agregó: “Si tomamos como base la producción de oro en el país, en 21 años se ha producido la mitad del oro, mil 100 toneladas; entonces, ¿cómo te puedes explicar que con estos volúmenes de riqueza siguen existiendo los mismos índices de pobreza que en 1994? Algo no está funcionando”.

Menosprecian a indígenas

En el encuentro celebrado en la Cámara de Senadores, tras escuchar las demandas de los gobernadores tradicionales, quienes se quejaron de que en el gobierno estatal les dicen que no hay recursos para proyectos, Martínez Veloz cuestionó a los representantes de los gobiernos local y federal, presentes en la reunión: “¿dónde están los 241 millones de pesos que se dieron a Chihuahua por impuestos de las mineras?”

La respuesta que recibió fue: “bueno, sí existe una cantidad de dinero que se distribuye ya. No tenemos aquí la lista de comunidades y programas a los que se aplicará, pero se la enviamos”.

Martínez Veloz y el senador Alejandro Encinas tuvieron que exigir respeto a los representantes del gobierno de César Duarte, luego de que se refirieron con menosprecio a los indígenas. La secretaria de Turismo estatal, Ivonne Barriga, al detallar lo que hace en beneficio de la Tarahumara, dijo: “me he acercado a los gobernadorcillos para incorporarlos al plan de desarrollo integral de la región”.

Y Miguel Ángel González, coordinador estatal de la Tarahumara, intentó descalificar a un representante de los indígenas. “Tú –le dijo– no eres gobernador tradicional, eres representante de una comunidad”. Ante la llamada de atención por el trato a los indígenas, subrayó: “el término gobernadorcillo no es despectivo ni discriminatorio. Los gobernadores indígenas no eran nada, nosotros los reconocimos”.

Ante el reclamo de los rarámuris de que se les ha informado que el Fideicomiso Barranca del Cobre “no tiene recursos”, los representantes del gobierno estatal –de las secretarías de Economía y Turismo, así como del propio fideicomiso– sostuvieron que “no tiene recursos. No maneja dinero, por eso no se pueden construir obras en las comunidades”.

Los senadores Alejandro Encinas (PRD) y Sylvia Martínez Elizondo (PAN) increparon a los representantes de César Duarte: “me preocupa que el fideicomiso sólo triangule recursos mediante la concesión a particulares; pido que le proporciones información de con cuántos recursos cuenta, su naturaleza jurídica, quién es el fideicomitente y quién el fiduciario “.

Martínez Veloz advirtió sobre el avance del crimen organizado en la Tarahumara al amparo, dijo, de las concesiones mineras, “porque se ha creado un vacío que llena el crimen organizado”.

Los indígenas señalaron que su principal problema “es el reconocimiento legal del territorio y la falta de consulta libre sobre los proyectos que el gobierno lleva a esa región mediante empresas trasnacionales, la carencia de programas sociales, pues no tenemos acceso a ellos; la falta de agua potable y de médicos, medicamentos y equipo hospitalario”.

En la sierra, señalaron, “los problemas se agravan por la violencia, por el miedo. Llega gente de fuera y obliga a la nuestra a sembrar enervantes. No hay quien ponga alto a los homicidios”.

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/politica/009n1pol