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El despojo a los pueblos en Yucatán: prestanombres, empresarios y funcionarios al amparo de la Procuraduría Agraria

16 de marzo de 2017

Desinformémonos

Mérida, Yucatán I  Yucatán, como enormes regiones de México y América Latina, está siendo víctima de la voracidad con que prestanombres, empresarios y funcionarios coludidos se lanzan sobre el patrimonio del pueblo maya. Con la gestión y complicidad de la Procuraduría Agraria, que realmente funge como “privatizadora de ejidos” diversas voces se levantan para alertar sobre el plan para vender los recursos naturales de Yucatán.

Los pleitos por el control de los ejidos de Yucatán son para apropiarse de las tierras y de los recursos naturales que hay en ellas, dice Jesús Solís Alpuche, vecino de Kinchil y promotor de grupos campesinos que defienden su patrimonio desde la Constituyente Ciudadana y Popular, iniciativa de organizaciones sociales, iglesias y ciudadanos que buscan refundar el país y que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Luego que anteayer ejidatarios de Chocholá protestaron ante el Palacio de Gobierno y la Procuraduría Agraria porque ésta “destituyó ilegalmente” a Claudia Cob Durán como comisaria ejidal el domingo, Solís Alpuche dice lo siguiente: “La crisis por la representación legítima, que afecta hoy a Chocholá, Punta Laguna (Valladolid), Chablekal (Mérida) y otros ejidos, entre grupos priístas financiados por empresarios y la naciente sociedad civil en Yucatán es producto de los procesos de desarrollo neoliberal, planteados desde la perspectiva del lucro y el despojo de empresarios capitalistas y autoridades locales y federales”.

“Hoy las diferentes tácticas de cooptación y corrupción con que el sistema neoliberal tienta a los comisariados ejidales para transferir derechos agrarios a particulares y para privatizar terrenos ejidales chocan con un subconsciente de identidad cultural de arraigo al patrimonio del Mayab, en que la mujer maya está mas arraigada que el hombre, y por esta causa en cada comunidad hay gente, sobre todo mujeres, en resistencia a la venta de tierras. La visión mayense es clara respecto al trabajo ligado a la subsistencia y dependencia de la tierra, elemento vivo que da el sustento soberano de la alimentación, y aunque el sistema hace perder de vista esto a los hombres, a las mujeres no” explica el integrante de la Constituyente Ciudadana y Popular.

El caso de Chocholá

Tal es el caso de Claudia Cob en Chocholá: “Esto es una Perversión sin fin. Mientras la comisaria Claudia Cob se reúne con funcionarios estatales en Mérida, en las llamadas mesas de trabajo que convocó el funcionario estatal Gaspar Quintal Parra los ejidatarios apoyados por Omar Corso intentan un albazo. De hecho, el lunes pasado se firmó entre los ejidatarios, gobierno del Estado y Procuraduría Agraria un acuerdo por el cual la comisario ejidal desconoce la asamblea apadrinada por el delegado Omar Corso y se establece una mesa de diálogo”.

El domingo 12 de marzo, Claudia Cob fue ratificada como Comisaria Ejidal en asamblea realizada en la Casa Ejidal de Chocholá.  En paralelo y de forma tramposa, Omar Corso Olán, delegado de la Procuraduría Agraria, apoyó otra asamblea en la que intentaron destituir a Cob. Esta asamblea, aunque citaba en la Casa Ejidal, presentó una serie de irregularidades en su convocatoria entre ellas se realiza afuera de la misma.

Las agresiones no se hicieron esperar, y el 15 de marzo, un grupo de 25 ejidatarios contrarios a la Comisaria ejidal Claudia Cob, se reunieron fuera de la Casa Ejidal llamando a tomarla por la fuerza, aprovechando que la comisaria y su equipo están en juntas con el Gobierno del estado.

El gobierno de Yucatán, tras una reunión con un funcionario de menor rango, Gaspar Quintal Parra, subsecretario de Gobierno, estableció cinco mesas de trabajo, según se dijo con la comisario Claudia Cob Durán y el comisariado elegido democráticamente en Chocholá para trabajar con la Seduma, Fiscalía General del Estado, Procuraduría Agraria.

El despojo en Yucatán: de descomunal proporción

Solís Alpuche también habla de la fábrica de Grupo Modelo, en entrevista con el Diario de Yucatán,  “empresa que desde 2013 es de la trasnacional Anheuser Busch-Inbe y que se construye en Hunucmá, según se anunció en mayo de 2015 en Los Pinos, detonará la economía del Sureste porque la inversión pasó 2,200 millones a 5,000 millones ya que producirá cinco millones de litros de cerveza al año desde este 2017. Esta es la visión mercantilista del capital privado multinacional, el progreso neoliberal que se mundializa; pero del alcoholismo, como enfermedad, no dicen nada”, expresa Alpuche Solís.

A continuación las declaraciones con la cronología del despojo que  Alpuche Solís relata al Diario de Yucatán*:

—Tienen mano de obra barata en el Estado, consumidores cautivos y, lo más importante, 330 hectáreas de tierras, que le da el gobierno con un acuífero basto a sólo cinco metros del subsuelo, patrimonio de nuestro pueblo maya, al que no le pagarán ningún tributo.

—Los gobiernos capitalistas mexicanos nunca promovieron la educación e información sobre la defensa de los derechos laborales y humanos entre los trabajadores, y menos la defensa de los derechos agrarios respecto a la tierra como patrimonio indígena como de los pueblos originales.

—Así, Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia (1988-1994) y Víctor Cervera desde la (Secretaría de la) Reforma Agraria, fácilmente impusieron al obediente Congreso las contrarreformas agrarias por medio de la Certificación Ejidal (Procede), la flexibilización legal para la privatización de las tierras a como dé lugar.

—En este proceso nace la Procuraduría Agraria, que en realidad su procuración es legalizar la privatización de más de 29,440 ejidos de todo México con más de 100 millones 300 mil hectáreas de tierras y territorios que deben pasar, de acuerdo con el proyecto que Salinas inició, a manos de particulares.

—Los empresarios invertirían tecnología en la producción y, colateralmente, darían trabajo a todos los campesinos que no pudieron hacer de la tierra un medio de producción rentable para el desarrollo del capitalismo en el país.

—Abolida la Ley de Crédito Ejidal, desde la Procuraduría se implementaron las formas legaloides más viles para que los ejidatarios malbaraten la tierra, al no tener cómo producir para el mercado.

—En nuestro Estado no se cuidan las formas para la enajenación de las tierras y territorios mayas, lo que desde los años noventa ocasiona graves conflictos por la venta, como fue el caso de las 2,203 hectáreas del ejido de Hunucmá para un aeropuerto, 586 del ejido de Oxcum (Umán) para una planta potabilizadora, y 300 de Caucel (Mérida) para el proyecto del zoológico, vendidas a Antonino Almazán Arteaga y su familia en 2005, durante el gobierno (estatal) de (Patricio) Patrón Laviada.

—Lo mismo que la ex hacienda Ulilá, en donde en los años noventa se inventó un ejido en venta, que aún es motivo de reclamo y conflicto entre prestanombres, posesionarios y descendientes de (los peones) acasillados (en la entonces hacienda).

—El ejido de Hunucmá debería dotar al ejido de Texán y Anexas de 4,214 hectáreas según el decreto del 1 de septiembre de 1937, pero el 12 de noviembre de 1990, según consta en la hoja 6 de un acta levantada sin la anuencia de los representantes de Texán, fue afectado con 1,470 hectáreas sin que se les notique la afectación a sus linderos.

—En 2005 estas mismas tierras son parte de las 2,200 ha que el ejido de Hunucmá vendió al gobierno de Patricio Patrón, vía Antonino Almazán Arteaga; en menos de una semana él y su familia se avecindaron e integraron a varias comunidades ejidales del Estado, para malbaratar terrenos ejidales, para un supuesto aeropuerto que nunca se hizo; en su lugar irá hoy el consorcio industria cervecero Modelo, que enorgullece al gobierno.

—En todo el Estado, miles de ejidatarios aseguran que no tuvieron conocimiento de las convocatorias de asambleas para aprobar apeos y deslindes ejidales.

Patrimonio Kanasín

—Y como Antonino Almazán y familia, también Andrés Granier Melo (gobernador de Tabasco de 2007 a 2012) y familia, Lorenzo Medina (González), Esteban Correa Bolio (ambos fundaron la empresa Patrimonio Kanasín, acusada de comprar tierras de Kanasín para “lavar” unos $246 millones desviados por Granier Melo) y otros prestanombres y traficantes de tierras de los ancestros mayas, de acuerdo con las autoridades agrarias, en tiempos de Ivonne Ortega adquirieron derechos “legales” de terrenos en territorios de Hunucmá, Tetiz, Ticopó, Chablekal, Umán, Kanasín Tixpéual y docenas de ejidos más que evidentemente, como en Caucel y Ucú, transforman el campo en centros urbanos que les da ganancia de miles de millones de pesos.

Conocido de todos es que el propio ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Alejandro Patrón Laviada están en la jugada de la transferencia de derechos ejidales desde hace mucho, afirma

Estudiosos en geología presentaron investigaciones de las riquezas minerales que guarda el subsuelo del centro al noroeste de la Península de Yucatán, a raíz del impacto del meteorito que chocó con nuestro planeta hace 65 millones de años: oro, plata, diamantes, iridium, gas, petróleo y, sobre todo, agua.

Sin duda la Cervecería Modelo será concesionaria del acuífero, de acuerdo con la nueva ley que norma uso y explotación del recurso en la jurisdicción estatal y, posiblemente, no sólo del desarrollo hídrico en la región Poniente sino que de toda la entidad.

Por esta razón, en busca de esa gran riqueza, y con la bendición del gobierno, empresas extranjeras se instalan en Yucatán con miras a apropiarse de los territorios que nos pertenecen.

Valdría la pena reflexionar respecto a la voracidad con que prestanombres, empresarios y funcionarios coludidos se lanzan sobre el patrimonio de nuestro pueblo maya, a partir de que Carlos Salinas y Víctor Cervera el 6 de enero de 1992 reformaron la ley en materia agraria, quitando los candados y garantías que hacían del ejido una propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable.

La descarada transferencia de derechos a particulares es porque hay que cumplir con las metas impuestas en el proyecto neoliberal, tanto de certificación como de privatización, para un proyecto de industrialización privada, a costillas del patrimonio de los mexicanos

Este proyecto, que con todos sus recursos de cooptación y corrupción penetran las comunidades ejidales, choca con un subconsciente de identidad cultural de arraigo al patrimonio y, por esta causa, en cada comunidad hay gente que no acepta la venta de tierras.

Su visión es clara respecto al trabajo ligado a la tierra, elemento vivo que da el sustento soberano de alimentación a los seres vivos.

Varios campesinos mayas así lo sostienen en Texán y otras comunidades de Yucatán.

*Texto publicado en el Diario de Yucatán 

https://desinformemonos.org/despojo-pueblos-yucatan-prestanombres-empresarios-funcionarios-al-amparo-la-procuraduria-agraria/