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El estado y la federación, detrás de la irrupción de la UPOEG para revivir a La Parota: comuneros

Martes 14 de Marzo de 2017

Guerrero, México

Acapulco  

En asamblea en La Concepción, exigen integrantes del Cecop la salida de los Bienes Comunales de Cacahuatepec de los policías de esa agrupación. Narran que el miércoles pasado vivieron momentos “de terror”

Jacob Morales Antonio

La Concepción

Comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) acordaron exigir la salida de los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de estar detrás de la irrupción de ese grupo para tratar de dividirlos y revivir el proyecto de la presa La Parota.

Consideraron como una cuestión política la incursión, el miércoles pasado, de policías de la UPOEG “con armas prohibidas”, y una agresión directa contra el sistema comunitario y contra el Cecop, pues señalaron que es para dividir al pueblo y reavivar el proyecto de La Parota, y que de no salir del territorio la UPOEG confirmará que es cierta esta acusación.

Con la presencia de los coordinadores, consejeros y comandantes de la Casa de Justicia de San Luis Aca-tlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y 150 vecinos de 16 poblados, se realizó ayer una asamblea en el poblado de La Concepción.

También llegaron integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de la cabecera de Tierra Colorada (Juan R. Escudero). No acudió el comisario de La Concepción, Julio Ventura Heladio, quien según los pobladores fue amenazado desde el gobierno para no intervenir en el conflicto.

Pasado el mediodía, en la cancha techada de La Concepción, los pobladores manifestaron su rechazo a la presencia de la policía de la UPOEG en los Bienes Comunales, donde desde 2013 opera la CRAC, y demandaron su salida.

Quieren destruir la organización

El director general del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, recordó a los comuneros la dignidad de su movimiento, de hombres y mujeres que aún no tan tenido justicia y que por el contrario, hay pobreza y abandono del gobierno en sus tierras.

“Aquí no es donde están los delincuentes sino que están en Acapulco, metidos en las instituciones gubernamentales y en las mismas corporaciones policiacas que se han coludido con los grupos del crimen organizado. Si se quiere tocar al crimen organizado hay que tocar esas estructuras”, dijo.

“Lo que hoy se quiere desmantelar no es la red delincuencial ¿Dónde está la red delincuencial? está esta red de la organización de los pueblos en defensa de su territorio, ahí es donde se quiere destruir”, sostuvo.

A los comuneros les dijo que son una referencia obligada de los movimientos de defensa del territorio en el mundo, porque hasta los Bienes Comunales llegaron representantes internacionales de derechos humanos a exigirle al gobierno que respete el derecho de los pueblos.

Abel Barrera llamó al gobierno a respetar las resoluciones de los Tribunales Agrarios que le dieron la razón a los pueblos, y las recomendaciones de los relatores de la ONU y del Comité Internacional para la Defensa del Agua.

El defensor de los derechos humanos denunció que el gobierno quiere socavar la organización y a los pueblos con la intervención de otras organizaciones para que sean ellas “las que den este golpe bajo, para dividir, para confrontar, para pelear, pero el Cecop no debe de caer en esta confrontación porque la fuerza del Cecop no surgió con rifles”.

Exhortó a la UPOEG a respetar a las comunidades del Cecop, “si quieren fortalecer el tejido comunitario, si quieren apoyar la resistencia de este pueblo para no construir La Parota, la mejor señal sería salir de este territorio”.

A la asamblea acudieron los abogados Vidulfo Rosales y Rogelio Téliz. Estuvo también Pablo Guzmán, pero no intervino.

Traen las mejores armas, pero tenemos la razón

Por su parte, el consejero de la CRAC, Valentín Hernández, sostuvo que ninguna de las versiones que da la UPOEG luego de la irrupción es justificable, porque llegaron con más de cien hombres armados en una actitud violenta y de tomar la comandancia.

Consideró el hecho como una agresión al sistema comunitario, que “se va a tratar en una asamblea general de autoridades de la CRAC, porque una actitud y agresión debe de tener una sanción”.

Denunció que falta más información entre los pobladores, porque la UPOEG “se han hecho aparentar que son como la CRAC” cuando no lo son, y que cada vez es más evidente que la base de la UPOEG no es el pueblo.

Irrupción política

Para el coordinador de Enlace de la CRAC en Cacahuatepec, Tomás Valeriano, el encuentro era para buscar una solución a la irrupción de la UPOEG, junto con las demás organizaciones y no llegar a un enfrentamiento.

Recordó que el miércoles durante la llegada de los policías de la UPOEG se vivieron momentos de tensión y terror, “gente extraña que viene armada como el Ejército da terror”.

El campesino explicó que en las comunidades hay paz y se vive tranquilo, además de que la Policía Comunitaria era la única que tenía el reconocimiento del pueblo y de una Ley, en referencia a la Ley 701, además de tener un reglamento interno.

Para él la irrupción de la UPOEG es algo político, atrás está el gobierno y las empresas que buscan la construcción de La Parota y si sigue “va a llegar a algo más lamentable”.

Tomás Valeriano recordó que el Cecop para tener mayor seguridad optó por integrarse a la CRAC, y que los pueblos de los Bienes Comunales los respaldaron. Pero la irrupción de la UPOEG, señaló, los pone en peligro a todos.

Aclaró que tampoco se van a dejar intimidar porque su lucha en defensa de la tierra y el agua va a cumplir 14 años; “nuestro camino es defender el territorio, el agua”.

La comunera apresada un año ocho días, María de la Cruz Dorantes Zamora, relató lo sucedido el miércoles cuando los policías de la UPOEG llegaron y se apoderaron del pueblo.

Recordó que los hombres de armas largas y prohibidas trataron de desarmar a los policías de la CRAC que hacían guardia en la Casa de Enlace de La Concepción. “Me da temor estar hablando porque después vienen cosas malas. Ya no queremos enfrentamientos, presos y muertos”.

A la comisión de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán les pidió no dejarlos solos en la lucha. “Nos da temor porque sabemos de dónde vienen –los de la UPOEG–, no nos dejen solos”, e insistió en que la Policía Comunitaria no debe de desaparecer porque es más pacífica y consciente.

El comunero Facundo Hernández dijo que el grupo que pidió la entrada de la UPOEG se reduce al ex comisario de Agua Caliente, Baltazar Ramírez, y al presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales, Mauricio Velarde, quienes han defendido y apoyado a los empresarios gravilleros que explotan el río Papagayo.

Otra agresión desde el Estado

El dirigente del Cecop, Rodolfo Chávez, señaló que no es la primera vez que hay una agresión contra el movimiento por la presa, que desde hace dos años se han intensificado.

Explicó que la lucha de casi 14 años ha dejado al menos cuatro muertos y más de 30 detenidos, así como 80 órdenes de aprehensión.

“Han sido permanentes las agresiones en contra del Cecop, les pesa que el Cecop esté ganado la suspensión de la presa por la lucha del pueblo, algo que no logra superar el gobierno y no acepta, porque van tres sexenios”, indicó.

Dijo que la constancia de las asambleas, que cada domingo se realizan de los 47 anexos, ha permitido que la lucha continúe.

El defensor denunció que desde hace dos años el gobierno intensificó una nueva embestida contra el movimiento, enviando a funcionarios a dividir a los pobladores y a seguir la persecución con más de 80 órdenes de aprehensión.

“Lo grave es que utilizan a la UPOEG”, lamentó, y manifestó su sorpresa de que la organización se preste y haya entrado a los Bienes Comunales con armas prohibidas.

Recordó que en los poblados no hay crimen organizado, no hay siembra ni cosecha de mariguana o amapola. Además de que las declaraciones del alcalde Evodio Velázquez Aguirre de que en las comunidades no hay robo de vehículos, es algo que respalda la posición del Cecop.

Rodolfo Chávez recordó que la CFE salió de los Bienes Comunales, donde por cinco años se mantuvieron plantones, por eso también “la UPOEG tiene que salirse de los Bienes Comunales, sin enfrentamiento, porque nosotros respetamos sus pueblos”.

“Atrás de ellos están los gobiernos federal y estatal, eso no nos engañan”, finalizó.

Plácido y Gallardo, “acostumbrados a robar y matar”: FUSDEG

El integrante del FUSDEG de Tierra Colorada, Salvador Catalán, que llegó a la asamblea, dijo que el promotor de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, y Ernesto Gallardo Grande “están acostumbrados a robar, a saquear, a matar”.

Indicó que en su pueblo la Policía Comunitaria surgió contra el apoderamiento del crimen organizado de la cabecera municipal y luego del asesinato de un comandante de la UPOEG, pero luego de ser organizados por la UPOEG, hubo diferencias y desde hace dos años corrieron a Plácido Valerio de Tierra Colorada y surgió el FUSDEG.

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