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Abuso de poder e imposición en megaproyectos, acusa informe

Gobiernos e IP ignoran derechos de comunidades originarias

Presenta Serapaz el documento Mecanismos de despojo: tres pueblos...

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 10 de noviembre de 2017, p. 13

Los megaproyectos que se han emprendido en varias partes del país se caracterizan por el abuso de poder e imposición de los gobiernos y las empresas que los encabezan.

Así concluye el informe Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia, elaborado por Isabel Madariaga Cuneo, ex coordinadora de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de Oxfam y de Servicios y Asesoría para la Paz.

La especialista investigó por un periodo de dos meses a tres comunidades afectadas por estos proyectos, donde comprobó que las autoridades mexicanas avanzan sin considerar las afectaciones a las personas que viven en las comunidades originarias.

Se estudiaron los impactos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche, y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos.

El reporte asienta que estos proyectos fueron decididos por la autoridad sin consultar a las personas afectadas, es decir, fueron impuestos; continúan provocando graves impactos en el territorio y los recursos naturales de las comunidades, así como en su tejido comunitario; además que se han utilizado prácticas de hostigamiento y criminalización contra quienes decidieron defender su territorio.

En cada uno de los casos analizados fue posible observar una serie de acciones similares en la actuación del Estado, contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos. Entre ellas la decisión de poner en marcha megaproyectos sin considerar a quienes podría afectar; la falta de reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas; la desprotección de sus territorios; la inexistencia legal y desprotección de las comunidades; la falta consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada; el incumplimiento de decisiones judiciales por las propias autoridades del Estado; la incongruencia de algunas decisiones judiciales; el uso abusivo del poder, y la imposición de un modelo de desarrollo.

La especialista hace una serie de recomendaciones generales y específicas. Entre las primeras destaca la necesidad de realizar adecuaciones legislativas para garantizar derechos como la libre determinación y la autoidentificación indígena; asegurar que las decisiones judiciales y administrativas otorguen protección efectiva a los derechos colectivos de estos pueblos, garantizar su cumplimiento y sancionar a quienes las incumplan, y garantizar que las las empresas que pretendan desarrollar proyectos en sus territorios respeten el derecho de las comunidades originarias a la libre determinación y a definir sus propias prioridades de desarrollo”.

El informe se entregó a la relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien se encuentra de visita oficial en el país; al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y a otras autoridades nacionales e internacionales.

http://www.jornada.unam.mx/2017/11/10/politica/013n1pol

 

 

Fuente: 
La jornada