Masacre en Cacahuatepec

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La jornada 16 de enero de 2018

A Marco Antonio Suástegui Muñoz lo detuvieron policías estatales con lujo de violencia. Lo llevaron a un cerro cercano a la comunidad de La Concepción, en Cacahuatepec, con la cabeza tapada con una playera, y lo reventaron a golpes. Como si se le hubiera sentenciado a recibir un castigo medieval, lo apalearon con una vara de moringa y le advirtieron: Ahora sí te vas a chingar, te vamos a empapelar. Le exigieron que disparara un arma de fuego, hasta que quedó inconsciente.

Marco Antonio Suástegui es vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Apenas unos días antes de que la policía lo aprehendiera y torturara, la comunidad descubrió a dos pistoleros contratados para asesinarlo. La Policía Comunitaria del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que opera en la región, amparada en Ley 701, los descubrió y apresó.

Uno de los esbirros tenía múltiples nombres e identidades, todas falsas. Los comunitarios le encontraron credenciales con los nombres de Alejandro Liborio, Guillermo Marín e Iván Soriano, que lo acreditaban como soldado, como presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y como abogado (https://goo.gl/6ktiUx). Llevaba también un arma.

Para cometer el crimen, los matones fueron contratados por Mauro Gallegos Salgado, comisario del poblado Parotilla, y por Antonio Morales Marcos (segundo comisario de La Concepción). Este último le mostró a Alejandro/Guillermo/Iván varios puntos para emboscar a Marco Antonio. Los gatilleros no tuvieron suerte porque Suástegui siempre iba acompañado de policías comunitarios.

El matón a sueldo fue descubierto por los comunitarios y detenido. La misma suerte corrió su socio Alejandro Moctezuma Trujillo. Otros tres cómplices huyeron. Sin embargo, no pasaron mucho tiempo presos. En un operativo desproporcionado y letal, más de 200 policías estatales, federales y soldados, respaldados por un helicóptero, los liberaron el 7 de enero pasado, al tiempo que apresaban, golpeaban y torturaban a Marco Antonio y a otros 38 campesinos y ejecutaban extrajudicialmente a tres comunitarios. Encarreradas, las fuerzas de seguridad agredieron a los periodistas. Los maltrataron, les quitaron su equipo, dañaron un auto, impidieron que tomaran fotos y les bloquearon el acceso fuera de la zona de conflicto. El fotógrafo Bernardino Hernández se llevó una golpiza.

Desde que en 2003 comenzó la resistencia a La Parota, las autoridades gubernamentales organizaron y financiaron grupos en favor del proyecto ligados al PRI, algunos armados. Echaron mano de ellos para legitimar la agresión de la fuerza pública en Cacahuatepec. Fue así como, horas antes de la llegada de la fuerza pública a La Concepción, los priístas, encabezados por el comisario Alejandro Melchor, habían emboscado a varios comunitarios que perseguían un joven que se había orinado frente a su comisaría. Once muertos dejaron las dos agresiones de Cacahuatepec.

La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los hechos y constató que hay elementos para afirmar que las fuerzas de seguridad estatal vulneraron las garantías fundamentales de los pobladores.

Aunque la construcción de la presa La Parota fue planeada por la Comisión Federal de Electricidad en 1976, es hasta el sexenio de Vicente Fox (2000-06) que el proyecto hidroeléctrico comienza a aterrizarse. Pero no corre con suerte. En 2003, comuneros, ejidatarios y pobladores que se abastecen de agua en el río Papagayo lo rechazan. La presa –encontraron los opositores– sólo iba a funcionar a 19 por ciento de su capacidad cuatro horas al día, y, el concesionario de la obra iba a tener el control del líquido. En cambio, serían desplazadas por la inundación de sus tierras 25 mil personas, y afectadas otras 70 mil. Marco Antonio Suástegui resumió las razones de su oposición a la presa: Nunca pedimos este proyecto. No pedimos dinero. Económicamente no es viable, ambientalmente no es sustentable, socialmente no es aceptable.

La Concepción, poblado en el área rural de Acapulco, es uno de los principales bastiones de los opositores a la construcción de La Parota. Su dirigente, Marco Antonio Suástegui, ha sido acosado judicialmente todo el tiempo por autoridades gubernamentales. Fue encarcelado en 2004 y 2014, acusado de secuestro, tentativa de homicidio, robo, allanamiento de morada, despojo, motín, sabotaje y un largo etcétera. En 2014, encabezó una lucha en contra de la empresa gravillera que explotaba el río Papagayo, extrayendo de su lecho grava y arena. El último intento de asesinarlo, su más reciente encarcelamiento y la violencia policial contra La Concepción no son gratuitas. Se trata de limpiar el terreno de resistencias para relanzar el proyecto hidroeléctrico.

Los opositores a La Parota no están solos. En febrero de 2006, en un encuentro entre la Cecop y el EZLN en el contexto de la otra campaña, realizado en Agua Caliente, Guerrero, el entonces subcomandante Marcos (hoy Galeano) dijo a los opositores a la presa: Según nuestro pensamiento como indígenas mayas, el río Papagayo corre también por las montañas del sureste mexicano. Por eso queremos avisarle a Vicente Fox y a su brazo amarillo y negro, Zeferino Torreblanca, que si el Ejército ataca estas tierras, tendrá que atacar también las montañas del sureste mexicano(https://goo.gl/6wBSXX). El pasado 9 de enero, casi 12 años de distancia después de aquellas palabras, María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena envió en nombre de estas organizaciones, su apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión sufrida por la Cecop.

Hoy pareciera que, tal como hizo en 2006 con Atenco, el gobierno quiere aprovechar la campaña electoral para cercar a la Cecop, criminalizar a sus dirigentes y emprender una guerra para imponer, a sangre y fuego, el proyecto hidroeléctrico. No se debe permitir.

Twitter: @lhan55

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/16/opinion/017a2pol